Frente a los crecientes impactos del cambio climático, la transición energética se ha consolidado como una de las principales estrategias para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. El Acuerdo de París del 2015 situó la descarbonización global hacia 2050 en el centro de la agenda, proyectando que los combustibles fósiles pasen del 63% del consumo en 2020 a un 12% en 2050. Sin embargo, este proceso es complejo y no se desarrolla de forma homogénea. Tomando al Perú como un caso de estudio sintomático para la región, esta transformación configura una mezcla de oportunidades por su potencial renovable y desafíos derivados de limitaciones estructurales y desigualdades territoriales. La realidad peruana sirve así como un espejo de las tensiones andinas y sudamericanas. Este proceso puede comprenderse mediante un análisis multiescalar, que permitirá examinar cómo las decisiones en el territorio local se entrelazan con dinámicas de poder globales.
A nivel global, la transición es impulsada por marcos de gobernanza climática que coordinan la acción colectiva. No obstante, este nivel se desarrolla en un contexto en el que la seguridad energética, entendida como “el adecuado acceso a los recursos energéticos suficientes que permitan garantizar la disponibilidad de la energía requerida por los Estados”, continúa siendo una prioridad central. En muchos casos, esta prioridad entra en tensión con la seguridad ambiental, lo que explica por qué numerosos Estados siguen privilegiando el uso de combustibles fósiles pese a sus efectos contaminantes; la urgencia por garantizar el suministro inmediato suele prevalecer sobre los costos ambientales de largo plazo.
Asimismo, este proceso se encuentra marcado por dinámicas de poder que reconfiguran las relaciones internacionales. La competencia entre Estados Unidos y China se expresa en estrategias orientadas a garantizar tanto la seguridad energética como el liderazgo en energías limpias. En particular, China ha impulsado una transformación vinculada a la reducción de su dependencia del petróleo extranjero, especialmente tras las dificultades para asegurar suministros en regiones inestables como Oriente Medio. Curiosamente, enfrenta una paradoja: es el mayor inversor verde y el mayor emisor de CO₂ a nivel mundial. Además, al fijar su neutralidad climática en 2060, diez años después que otros países, prioriza su crecimiento basado en carbono mientras consolida su dominio tecnológico global.
Como consecuencia de estas dinámicas, las materias primas críticas han adquirido una relevancia creciente. Las tecnologías de energía limpia, como turbinas eólicas, paneles solares y sistemas de almacenamiento, requieren una amplia gama de minerales y metales, en muchos casos en mayor proporción que las tecnologías basadas en combustibles fósiles. El dominio de China resulta especialmente significativo en la etapa de refinación, donde se procesan los minerales para su uso industrial. Actualmente, es el principal refinador mundial de cobre, litio, grafito, cobalto y tierras raras, consolidando una posición estratégica en las cadenas globales de suministro. Así, la transición energética global no responde únicamente a objetivos ambientales, sino que se encuentra atravesada por dinámicas de poder donde la seguridad energética, la competencia tecnológica y el control de recursos configuran un nuevo escenario geopolítico.
A nivel regional, América Latina y el Caribe poseen un vasto potencial minero para suministrar estos minerales críticos. No obstante, esta dotación posiciona a la región como un actor que corre el riesgo de reforzar patrones históricos de dependencia. Sudamérica continúa operando como una periferia dependiente; la ausencia de proyectos políticos comunes y la falta de liderazgo regional dificultan una agenda energética integrada. En este contexto, la energía no funciona como un eje de integración, sino como un recurso que refuerza la competencia entre Estados.
Por otro lado, en la escala nacional y analizando el caso peruano como eje de estudio, el Banco Mundial enfatiza que el país debe aprovechar la demanda de minerales, especialmente sus reservas de cobre. Se propone una “minería climáticamente inteligente” para atraer inversión y fortalecer ingresos fiscales. Esta riqueza es una oportunidad de desarrollo económico y social; no obstante, no puede ignorar los estándares sociales y ambientales. En la práctica, el Estado ha tendido a priorizar la estabilidad de las inversiones internacionales sobre la participación de las comunidades locales, lo que evidencia que la implementación de la transición plantea serios desafíos de gobernanza y equidad territorial.
La transición energética implica una profunda reconfiguración del orden global, donde el régimen del petróleo coexiste y se tensa con un nuevo régimen basado en minerales críticos y tierras raras. Para países remanentes de la periferia global, como el Perú y sus pares de la región, este proceso representa un desafío estructural urgente: superar su rol tradicional como proveedor de materias primas sin comprometer los estándares de sus propios territorios. La transición energética no puede desligarse del concepto de transición justa, entendida como un proceso transformador que promueve la sostenibilidad, la equidad y la inclusión. Hacia 2035, la meta definitiva no es solo descarbonizar la matriz, sino asegurar una inserción soberana, justa y competitiva en el nuevo orden internacional.
Mariana Carranza Rentería es estudiante de Relaciones Internacionales en la PUCP, con interés en desarrollo internacional, sostenibilidad corporativa y cooperación internacional.