Si la patente fue el candado invisible del siglo XX, la pugna geopolítica entre dos potencias que han convertido a Sudamérica en su terreno de disputa sería su versión para el siglo XXI. La disputa por el Pacífico Sur ya no se libra solo en laboratorios de biotecnología o en oficinas de propiedad intelectual. Se libra en licitaciones portuarias, en adendas de inversión, en decisiones regulatorias que hasta hace poco parecían asuntos puramente domésticos, y, potencialmente a futuro, con intervenciones militares. Chancay y San Antonio son hoy el mejor ejemplo de ese giro.
Chancay, en Perú, se inauguró en noviembre de 2024 como la primera inversión portuaria verde e inteligente de COSCO Shipping en Sudamérica. En su primer año de operación comercial movilizó más de 500.000 TEU y 2,4 millones de toneladas de carga, con un valor total de comercio exterior que ya supera los 3.600 millones de dólares, y redujo el tránsito marítimo entre Perú y Shanghái a 23 días. COSCO controla el 60% del proyecto frente al 40% de la peruana Volcán, y la embajada china en Lima ya negocia participar en el parque industrial de Ancón y en la ampliación del propio Callao.
Chile responde con su propia apuesta, el proyecto Puerto Exterior de San Antonio, la mayor obra de infraestructura portuaria en la historia del país, con una inversión total de 4.450 millones de dólares y una capacidad proyectada de 6 millones de TEU anuales, el triple de lo que mueve hoy la instalación actual. Entre las empresas precalificadas para construir el rompeolas figura China Harbour Engineering Company, y esa sola presencia bastó para inquietar a Washington. La adjudicación, prevista para marzo de 2026, terminó postergándose hasta julio en medio de una crisis diplomática paralela. Un decreto de concesión para un cable submarino entre Chile y China fue aprobado y luego anulado, episodio que le costó a los funcionarios chilenos la revocación de visas por parte del embajador estadounidense.
Ahí aparece la verdadera colisión entre geofinanzas y regulación. El propio directorio de Puerto San Antonio tuvo que llevar la renovación de sus concesiones al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia antes de licitar, un instrumento pensado para arbitrar precios internos que hoy termina arbitrando decisiones con un peso político continental. La adenda de diciembre de 2025, que redujo en más de 420 millones de dólares el compromiso de inversión de COSCO en Chancay, confirma lo mismo desde el otro lado del Pacífico. El inversionista extranjero retiene margen incluso después de firmado el contrato.
Frente al avance de China —que invierte, construye y compra activos estratégicos—, Estados Unidos ha respondido con lo que podría llamarse un “candado”: busca cerrar el paso de su rival a los recursos críticos de la región, mientras retiene su propia llave maestra. Así, mientras Washington busca reforzar su dominio hemisférico y evitar que Pekín llegue a los recursos estratégicos de Sudamérica —mediante patentes, alianzas militares, presión diplomática y condicionalidad de la ayuda—, China busca hacerse del litio, el cobre y el agua que necesita para su desarrollo tecnológico mediante inversión selectiva, tecnología propia, acuerdos bilaterales y financiamiento.
Adicionalmente, el 7 de marzo de 2026, Donald Trump anunció oficialmente el “Escudo de las Américas”, una coalición militar que reunió en Doral, Florida, a doce presidentes latinoamericanos afines a la administración estadounidense. Bajo la retórica de combatir el narcotráfico y las actividades ilícitas, la iniciativa —que bien podría renombrarse como el “Candado de las Américas”— tiene un objetivo explícito: “limitar la interferencia geopolítica extranjera” en el hemisferio occidental.
La diplomacia y las sanciones no bastan. El Comando Sur (SOUTHCOM) ha desplegado una estrategia de preparación militar que incluye los ejercicios Southern Vanguard, que han rotado por Chile (2021, 2025), Brasil (2021, 2023), Colombia (2022) y Perú (2026). En agosto de 2025, Southern Vanguard 25 reunió en Los Ángeles y Antuco (Chile) a tropas de montaña de Argentina, Chile, Perú y Estados Unidos, entrenando en guerra en zonas de alta montaña. El mensaje es que Washington se prepara para operar en los ecosistemas más complejos de la región —curiosamente donde se encuentran los recursos estratégicos: el litio, el cobre y el agua.
Así, el pulso por el control de Sudamérica se libra en dos frentes simultáneos: China construye con concreto y acero, tejiendo una red de infraestructuras que reconfiguran el comercio y la influencia en la región; Estados Unidos responde con un candado que combina presión diplomática, sanciones y preparación militar, bajo la ficción de una cruzada contra el narcotráfico. Chancay y San Antonio son los primeros episodios de una serie que recién comienza.
¿Podrá la región aprender a tratar sus proyectos de infraestructura estratégica con la misma lógica de soberanía con la que debería tratar sus patentes, o seguirá siendo el tablero donde otras potencias juegan sus partidas?
S. Vanessa Chávez Vargas es investigadora afincada en Arequipa, Perú. Su formación en historia material y análisis de estructuras espaciales se ha extendido hacia la intersección entre historia económica, infraestructura y procesos de control en América Latina.