El interés por los astros no es nada nuevo, las civilizaciones como los aztecas y los griegos ya realizaban estudios y observaciones sobre la bóveda celeste. El ser humano desarrolló la tecnología lo suficientemente poderosa para superar la fuerza de la gravedad y alcanzar velocidades orbitantes.
Después de la Segunda Guerra Mundial, el 4 de Octubre de 1957, los soviéticos lanzaron el primer satélite artificial al espacio, su nombre era “Sputnik 1”, Estados Unidos respondió rápidamente con el “Explorer” que fue lanzado el 31 de enero de 1958 a la órbita, posicionándose como el primer satélite estadounidense en entrar en la estratosfera.
Tan solo cuatro años después el Teniente ruso Yuri Gagarin se convirtió en el primer humano en orbitar la Tierra en el “Vostok 1”. Y dos años después (1961) Alan Shepard se convirtió en el primer estadounidense en volar al espacio. Estos acontecimientos consolidaron el espacio como el nuevo escenario de prestigio nacional, haciendo que la exploración y la militarización se conviertan en dos caras indisolubles.
Hablando tecnológicamente, la diferencia entre un cohete civil y un misil balístico intercontinental (ICBM) no es para nada evidente, salvo por su carga útil. Sin embargo esta dualidad ayuda a caer en cuenta que los sistemas diseñados con fines pacíficos poseen capacidades tecnológicas de carácter militar, un ejemplo de “distinción” entre ambos es el procesamiento de datos, que es lo único que distingue el uso civil de la teledetección del espionaje militar.
Ante la evidente carrera por la exploración del espacio ultraterrestre que inició hace ya más de cinco décadas, y en vista de que el territorio fuera de orbita parecía ser de interés cada vez más prioritario por los Estados, se firmó el Tratado del Espacio Ultraterrestre de 1967, el cual se posicionó como el marco jurídico fundamental del derecho espacial internacional. A prima facie se establece que el espacio es libre para ser explorado, más no puede ser sujeto de apropiación de los Estados, además, se prohíbe expresamente el uso de armas de destrucción masiva en órbita, sin embargo en esto último mencionado existe una ambigüedad importante, el tratado no prohíbe de manera expresa el uso de armas convencionales, ni el uso militar de satélites utilizados para comunicaciones y navegación.
En la actualidad, la Luna es el centro de una disputa entre dos visiones de gobernanza contrapuestas. Por un lado, el programa Artemis, liderado por Estados Unidos, busca establecer una presencia humana permanente por medio de una coalición de más de 40 países y el apoyo de empresas privadas como Spacex, que ya proyectan modelos de negocio basados en la posesión y venta de los recursos lunares extraídos. Por otro lado, la Estación Lunar Internacional (ILRS), impulsada por China y Rusia, propone una infraestructura que incluye minería lunar y la utilización de recursos lunares in situ, lo que plantea una presencia que no solo busca investigar, sino producir energía y materiales de manera autónoma en la superficie. Esta competencia no solo busca el prestigio de llegar primero, sino el control del hielo de agua en los polos lunares, un recurso crítico que permitirá fabricar combustible en el espacio y facilitará misiones de larga duración.
Este escenario está estrechamente vinculado a una militarización silenciosa pero constante, de la órbita terrestre. El espacio se considera ahora un dominio operativo donde la superioridad no se mide por la presencia de tropas, sino por la capacidad de proteger o neutralizar infraestructuras tecnológicas, por ejemplo, los satélites, de los que dependen las comunicaciones, la navegación GPS y la vigilancia de fronteras, son hoy objetivos vulnerables ante nuevas tecnologías de denegación. El despliegue de láseres capaces de cegar sensores ópticos, el desarrollo de capacidades de ciberataque orbital y las pruebas de misiles antisatélite representan una amenaza preocupante porque un conflicto en este entorno afectaría a las potencias involucradas y podría generar una nube de escombros que inhabilitaría el uso de órbitas enteras, lo que afectaría la conectividad global de la que dependen todas las economías.
Asimismo, América Latina ha dejado de ser un espectador para asumir un papel diplomático y estratégico, por ejemplo, naciones como Brasil, Colombia, México y Perú se han sumado a los Acuerdos de Artemis para integrar sus industrias tecnológicas al ecosistema de la NASA. Por el contrario, países como Venezuela y Nicaragua han formalizado su alianza con la ILRS china. Ante esta polarización, la Agencia Latinoamericana y del Caribe del Espacio (ALCE) surge como un esfuerzo de autonomía regional para evitar que el cielo latinoamericano sea fragmentado por intereses ajenos y para asegurar que la región tenga voz en la creación de nuevas leyes espaciales.
El espacio, desde tiempos muy lejanos ha sido símbolo de asombro y del deseo humano por alcanzar lo desconocido, hoy ese deseo convive con algo más oscuro y es la competencia entre potencias que ven en la Luna y la órbita terrestre un nuevo escenario de disputa geopolítica. Asimismo, el Tratado del Espacio Exterior de 1967 fue un avance en su momento porque prohibió las armas nucleares en órbita y declaró el espacio como patrimonio de la humanidad pero tiene casi 60 años y se nota porque no dice nada sobre minería lunar, guerra cibernética satelital ni armas antisatélite y en la práctica cada potencia opera bajo sus propias reglas porque nadie puede impedírselo. La historia muestra algo difícil de ignorar, toda frontera que el ser humano ha abierto tarde o temprano se militariza y el espacio no es la excepción. Por eso para América Latina el desafío no es solo observar sino impulsar un nuevo consenso internacional que garantice que el espacio siga siendo un bien común y no se convierta en un territorio de exclusión y conflicto militar.
Alexia Quispe y Sayen Terrazas son estudiantes de Ciencia Política. Ambas escriben en Fun Politik.