Hay algo revelador en el ambiente de una feria tecnológica latinoamericana. En México Tech Week, entre el bullicio de startups y corporativos que buscan capital, todos celebran el avance. Nadie se detiene a preguntar bajo qué valores se quiere avanzar. La contradicción no incomoda a nadie porque nadie la nombra.
América Latina regula tecnología con notable energía. Chile, Brasil y Uruguay han adoptado marcos inspirados en Europa y Estados Unidos con una disciplina que sorprende. Los comités se multiplican, los lineamientos se publican, las declaraciones se firman. Lo que escasea no son las normas. Es la legitimidad para sostenerlas.
El problema no es técnico
La distancia entre regulación y confianza no es un déficit de diseño institucional. Es una consecuencia de que la ciudadanía aparece en estos procesos apenas como nota al pie. Los planes son sofisticados. La apropiación social, casi inexistente. Cuando la población no participó en las decisiones que la afectan, la regulación no genera confianza — genera sospecha. Y la sospecha, en un clima político polarizado, se convierte rápidamente en rechazo o en captura por narrativas que compiten con los hechos.
La polarización convierte a la IA en símbolo dentro de la disputa ideológica antes de que haya tenido tiempo de ser una política pública. En ese terreno, los debates técnicos se vuelven contiendas emocionales y las instituciones pierden la autoridad para arbitrarlos.
La legitimidad es material
Acumular normas sin instituciones que las sostengan no produce gobernanza — produce la apariencia de gobernanza. La diferencia importa porque la apariencia no protege a nadie. Para que una regulación tecnológica funcione en América Latina necesita tres cosas que no se decretan: capacidad real de enforcement, trazabilidad de los algoritmos que afectan decisiones ciudadanas, y mecanismos de participación que reduzcan las asimetrías de información entre el Estado, las empresas y la población.
Sin eso, la regulación es papel. Y la tecnología, caja negra.
El Sur Global enfrenta un desafío que va más allá de redactar leyes. Necesita instituciones que entiendan los sistemas que aprueban, profesionales que puedan auditarlos y gobiernos capaces de explicar — con claridad y responsabilidad — cómo se toman decisiones automatizadas que afectan vidas. Las democracias frágiles tambalean ante esa exigencia. Las más estables tampoco están libres del riesgo.
De regreso en la feria, entre paneles sobre innovación y rondas de inversión, la pregunta que nadie hace sigue flotando en el aire. No es cuánta tecnología puede absorber la región. Es si las instituciones que la van a gobernar tienen raíces suficientemente profundas para que esa gobernanza sea real y no solo declarada.
Álex Rivera es especialista en estrategia digital y comunicación para el sector tecnológico.
Referencias
1. Derechos Digitales. (2021). Artificial Intelligence and Participation in Latin America. Derechos Digitales. https://www.derechosdigitales.org/
2. Thomson Reuters Foundation & Access Now. (2024). Regulatory Mapping on Artificial Intelligence in Latin America. Thomson Reuters Foundation.
3. Levy Yeyati, E. (2025). Artificial Intelligence and Economic Sovereignty in Latin America. Brookings Institution. https://www.brookings.edu/
4. Campos Ríos, M. (2025). Gobernanza algorítmica y confianza pública en América Latina. Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD).
5. Huáres-Merino, L. (2025). AI Polarization and Trust Deficits in Emerging Democracies. Higher School of Economics (HSE).