¿Cómo puede un Estado que ha utilizado de forma sistemática los mecanismos de poder para aislar al ciudadano avanzar hacia un modelo real de soberanía digital?, empiezo con esta interrogante porque hablar de soberanía digital en el caso venezolano no implica únicamente discutir sobre los elementos de forma: infraestructura, tecnología, plataformas, profesionales capacitados… sino que requiere analizar el fondo del asunto con cautela: la relación entre el poder y el ciudadano, cómo volver a construir esa confianza para trasladarla al espacio digital.

Durante más de dos décadas, el Estado venezolano ha construido un modelo en el que la información no circula libremente, el acceso ha sido condicionado, donde la capacidad de debate se ha reducido y donde el ciudadano ha sido progresivamente invisibilizado de la esfera pública. Este patrón responde a una lógica de control funcional para la política interna, pero incompatible con los principios que sostienen una soberanía digital efectiva. La ciberseguridad moderna no se construye únicamente desde el control, sino desde la confianza, la resiliencia institucional y la capacidad de proteger tanto al Estado como a sus ciudadanos.

Mientras en Venezuela la dinámica daba paso a una sociedad alejada de la información, cada vez más excluida de los avances tecnológicos, los Estados empezaron a proteger datos, redes y sistemas de información que sostenían su funcionamiento económico, político y social. Potencias como Estados Unidos, China y bloques como la Unión Europea han avanzado en la construcción de marcos robustos de ciberseguridad y gobernanza digital, mediante: estrategias nacionales, regulación de datos y desarrollo tecnológico propio, por otro lado, Venezuela ha quedado atrapada en un modelo reactivo, fragmentado y con baja capacidad institucional.

En este contexto, el caso venezolano presenta una contradicción estructural ya que durante años, el Estado ha priorizado mecanismos de control interno sobre la circulación de información, restringiendo espacios de expresión y configurando una relación asimétrica con el ciudadano. La ausencia de una política integral de ciberseguridad, la debilidad de la infraestructura digital y la limitada formación en capacidades tecnológicas han colocado al país en una posición de alta vulnerabilidad, esto se traduce en una doble exposición: por un lado, frente a amenazas externas, por otro, frente a la incapacidad de gestionar de manera autónoma su propio ecosistema digital. En términos geopolíticos, esta situación implica una pérdida progresiva de soberanía real, independientemente del discurso político que la reivindique, porque la discusión global ya no gira únicamente en torno a la protección frente a ciberataques, sino sobre quién controla la infraestructura digital, quién define las reglas del flujo de información y quién posee la capacidad de proyectar poder en el ciberespacio.

Hacia 2035, el escenario internacional estará aún más definido por la competencia digital, la inteligencia artificial, la economía de datos y la ciberdefensa marcarán la diferencia entre Estados con capacidad de influencia y aquellos relegados a posiciones periféricas.

El país corre el riesgo de consolidarse como un actor dependiente, sin control sobre sus propias plataformas tecnológicas y sujeto a dinámicas externas que condicionen su desarrollo económico, político y social. El desafío, por tanto, no es únicamente modernizar sistemas o invertir en tecnología, es a su vez redefinir la relación entre el Estado, la información y el ciudadano. Construir soberanía digital implica desarrollar capacidades internas, establecer marcos regulatorios claros, proteger los datos personales y garantizar que el ecosistema digital no se convierta en una extensión de las lógicas de control político. Sin este cambio, cualquier intento de avanzar en ciberseguridad será superficial.

Frente a este escenario, Venezuela necesita dejar atrás el enfoque restrictivo y comenzar a construir una estrategia integral de soberanía digital que articule al Estado, el sector privado y la cooperación internacional. Una legislación sólida de protección de datos, junto con inversión en infraestructura crítica y desarrollo tecnológico, no solo generaría confianza interna, sino que abriría la puerta a innovación, cooperación y reinserción en la economía digital.

Sin embargo, ninguna transformación será sostenible si no se redefine el papel del ciudadano dentro del entorno digital, la soberanía digital no se construye únicamente desde el control estatal, sino desde la capacidad de proteger y empoderar a la sociedad. Impulsar programas de alfabetización digital, fortalecer la transparencia en el manejo de datos y crear mecanismos independientes de supervisión son pasos indispensables para evitar que el espacio digital reproduzca las lógicas de control político del pasado.

Si el modelo logra transformarse, el horizonte de 2035 podría ser distinto. Apoyada en su capital humano y en alianzas estratégicas, Venezuela podría integrarse nuevamente al ecosistema digital regional y convertir la tecnología en un motor de recuperación institucional y económica. No es demasiado tarde: la soberanía digital depende, sobre todo, de decisiones políticas y de una visión de país que entienda el ciberespacio como una oportunidad de reinserción y futuro compartido.

María José Villasmil Lacruz es consultora política con enfoque en estrategia y territorio, tiene experiencia en coordinación de equipos y análisis de datos. Su propósito es contribuir a una gestión pública más cercana, transparente y comprometida con el bienestar colectivo. Escribe en

La evolución de la naturaleza de los conflictos, en la era contemporánea, ha reposicionado la inteligencia como una herramienta central para la conducción estratégica de los Estados. Tras el atentado del World Trade Center del 11 de septiembre de 2001, su rol se ha vuelto cada vez más decisivo en la acumulación y manejo de información para la neutralización de objetivos militares, como parte del proceso de toma de decisiones en materia de seguridad y defensa. Esta evolución se ha caracterizado por el desarrollo de capacidades institucionales para el funcionamiento de la Función Estatal de Inteligencia (FEI), así como por la evidencia de la vulnerabilidad de las potencias frente a amenazas no convencionales y las limitaciones de los sistemas de inteligencia para anticiparlas, lo que ha sido interpretado como una falla sistémica más que como una simple ausencia de información (Lowenthal, 2015; Zegart, 2022).

A partir de lo anteriormente señalado, el escenario internacional se ha visto marcado por la proliferación de conflictos híbridos, donde los actores no estatales, como organizaciones terroristas y redes de crimen organizado transnacional, han operado combinando dimensiones militares, políticas y tecnológicas. El presente análisis tiene como objetivo examinar el rol de la inteligencia en los conflictos contemporáneos, considerando su evolución, los desafíos que enfrenta en la actualidad y la visión para el futuro. El atentado del World Trade Center marcó un giro en el presente siglo, consolidando la predominancia de conflictos híbridos. Dentro de este contexto, la inteligencia se volvió un recurso fundamental para la recolección de información y el proceso de toma de decisiones en diferentes conflictos. Por ejemplo, en la guerra de Afganistán (2001), se utilizó principalmente en el plano operativo y táctico en terreno. Sin embargo, durante la invasión de Irak (2003) se evidenció los límites y riesgos de su uso político, al basarse en información errónea sobre armas de destrucción masiva.

Por otro lado, el auge de conflictos híbridos desde 2010, caracterizados por terrorismo, crimen organizado y ciberataques, amplió el campo de acción de la inteligencia más allá de lo militar. Podemos observar que la guerra de la información y la ciberinteligencia han adquirido un rol central en fenómenos como la desinformación y la interferencia electoral. Ejemplos como la guerra entre Rusia y Ucrania reflejan el uso intensivo de inteligencia en tiempo real, combinando dimensiones militares, digitales e informacionales.

El rol de la inteligencia ha sido cada vez más decisivo en la acumulación y gestión de información orientada a la neutralización de objetivos estratégicos. Esta evolución refleja su creciente centralidad dentro del aparato estatal y su consolidación como un recurso clave en la conducción estratégica.

La inteligencia ha dejado de ser un instrumento exclusivamente táctico para convertirse en un componente estratégico del poder estatal, estrechamente vinculado al proceso de toma de decisiones. Como plantea Lowenthal (2015), no implica solamente la recolección de información, sino también su transformación en conocimiento útil para la formulación de políticas en contextos de alta incertidumbre. Esta función se expresa en el ciclo de inteligencia, que comprende etapas de recolección, procesamiento, análisis y difusión, adaptándose a las características del conflicto. Tal como señalan Payá, Delgado y Fernández (2015), este proceso es dinámico y orientado a la producción de información relevante para decisores políticos y mandos estratégicos.

Consecuentemente, el creciente volumen de información disponible, junto con la irrupción de nuevas tecnologías y la complejidad de los actores, ha tensionado los límites tradicionales de la inteligencia. Como advierte Zegart (2022), los principales desafíos actuales no radican únicamente en la obtención de información, sino en su procesamiento, interpretación y uso oportuno. Siguiendo esta línea, la inteligencia continúa siendo fundamental en la medida en que permite reducir la incertidumbre inherente a los conflictos, adaptándose a nuevas formas de guerra y a la diversificación de actores en el sistema internacional.

En conclusión, el rol de la inteligencia dentro de los conflictos actuales exige ser comprendido más allá de sus funciones operativas, considerando sus alcances, limitaciones y su aumento en la incidencia de la configuración del poder en el sistema internacional. En el contexto de creciente complejidad, donde la aceleración tecnológica y la transformación de las amenazas reconfiguran la seguridad internacional, la inteligencia se consolida como un elemento estructural. Es por esto que para el 2035, la innovación tecnológica tenderá a redefinir el poder en el sistema internacional, desplazando su eje desde las capacidades materiales hacia el control de la información. Desde las relaciones internacionales, esto intensifica la competencia entre Estados, donde la inteligencia, potenciada por inteligencia artificial y análisis de datos, permite anticipar, influir y operar estratégicamente. En este escenario, la disputa entre Estados Unidos y China refleja una competencia estructural por el dominio tecnológico, mientras que la incorporación de estas capacidades por actores no estatales complejiza el equilibrio de poder, consolidando la inteligencia como un eje central de los conflictos contemporáneos

Lita Picasso es politóloga con mención en Relaciones Internacionales y Research Fellow en Open Andes, especializada en geofinanza, cooperación internacional y dinámicas globales en América Latina. Escribe en

Francisco Covarrubias es politólogo, especialista en seguridad internacional, defensa y crimen organizado. Líder de Investigación en el think tank Open Andes y candidato a Magíster en la ANEPE.

Bibliografía

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• Buzan, B., Wæver, O., & de Wilde, J. (1998). Security: A new framework for analysis. Lynne Rienner Publishers.

El uso de plataformas digitales de delivery ha sido una de las actividades que tomaron gran relevancia a partir del confinamiento que trajo la pandemia del COVID-19 en el 2020.

Una plataforma tiene la tarea de organizar las interacciones entre usuarios, sean estos empresas, trabajadores o consumidores, con el fin de construir un modelo de negocio que genere datos e ingresos monetarios. Las que se encargan de ofrecer servicios de entrega al consumidor final, como son las de delivery, conforman la última fase de la cadena de suministro. El trabajo de reparto al que recurren quienes usan estas plataformas se presentó como una actividad adaptable a variados horarios y estilos de vida, proporcionando flexibilidad y la idea de autogestión de las entregas.

Sin embargo, estas plataformas repiten esquemas de informalidad laboral, los cuales grupos como la ASIMM (Asociación Sindical de Motociclistas Mensajeros y Servicios) lo demuestran al denunciar: el importe por envío, que lleva a realizar 454 pedidos durante diciembre de 2025 para cubrir el costo de la Canasta Básica Total ("índice APP" elaborado por la Fundación Encuentro); la falta de espacios propios para la espera; bloqueo de cuentas a través de un algoritmo; falta de mediación en los pedidos grandes (no hay control en el tamaño y peso de los artículos) y sanciones en caso de rechazar pedidos. Por eso mismo, las leyes laborales juegan un papel central al limitar o ampliar las normas consideradas como beneficiosas para los trabajadores.

Hasta hace poco Argentina no contaba con una reglamentación jurídica que especifique normas a cumplir, para quienes son dueños o servidores de plataformas, hasta la aprobación de la Reforma Laboral. Esta modificación entró en vigencia en marzo del 2026 como parte de la Ley de Modernización Laboral (27.802) que revisa indemnizaciones, cálculo de vacaciones, horas laborales mínimas, licencias, entre otras. Esta Reforma destaca por la creación de un marco jurídico específico para las plataformas de envío y transporte, donde a los repartidores se les otorga la figura de "prestador independiente", es decir, no hay una relación de dependencia con las plataformas tecnológicas ni un contrato laboral tradicional.

El denominado régimen para trabajadores de plataformas funciona con una cláusula interpretativa que elimina el carácter laboral y exime al empresario de cubrir derechos laborales (como aseguradoras o herramientas) para dejarlo todo en negociaciones de libre acuerdo que flexibilizan el accionar de las plataformas al no hacerlas responsables. Esta normativa evoca un discurso de que existe una discusión de iguales entre la app y el trabajador, donde este último debe negociar las condiciones en las que llevará a cabo su labor desde protección ante accidentes, seguros de salud, pensión y horas.

La desnaturalización contractual constituye un fraude ya que no hay normas laborales al presentar una relación "civil" entre la prestación de servicios y un usuario, cuando se trata de una práctica con seguimiento de tareas, dependencia económica y de un negocio que pertenece a la plataforma.

Es una externalización del trabajo que beneficia al negocio de la plataforma al disminuir costos laborales en seguridad social o indemnizaciones, no atiende riesgos en caso de accidentes ni por las indemnizaciones, y el trabajador es quien se encarga del capital para transporte y datos móviles. Si el empresario organiza la actividad y obtiene ganancias, no puede desatender las contingencias plasmadas en el derecho comercial que establece responsabilidad por actividades lucrativas y riesgosas (por el beneficio económico se justifican los gastos).

La creación de normativas que proporcionan ventajas a las empresas tras las plataformas y que dejan fuera de discusión a quienes se comprometen a trabajar bajo condiciones unilateralmente impuestas, son la fase más pulida del capitalismo logístico contemporáneo donde las tareas quedan a cargo de la organización de un algoritmo. El derecho civil que identifica personas, sus vinculaciones y responsabilidades ha quedado desamparado con la creación de una red en la que el empleador se diluye tanto que se crea una falsa visión de trabajador autónomo, que da forma a nuevas formas de independencia encubierta. Lejos de demonizar el uso de las plataformas en la era de la digitalización, este análisis propone repensar la inserción de los ciudadanos en mercados orientados a maximizar la ganancia a costa del deterioro de condiciones de quienes la generan, en un contexto donde los marcos regulatorios no las condenan e incluso las consolidan.

Lourdes Agostina Delgado es estudiante de Relaciones Internacionales y redactora de política global en . Vive en Buenos Aires.

Si la patente fue el candado invisible del siglo XX, la pugna geopolítica entre dos potencias que han convertido a Sudamérica en su terreno de disputa sería su versión para el siglo XXI. La disputa por el Pacífico Sur ya no se libra solo en laboratorios de biotecnología o en oficinas de propiedad intelectual. Se libra en licitaciones portuarias, en adendas de inversión, en decisiones regulatorias que hasta hace poco parecían asuntos puramente domésticos, y, potencialmente a futuro, con intervenciones militares. Chancay y San Antonio son hoy el mejor ejemplo de ese giro.

Chancay, en Perú, se inauguró en noviembre de 2024 como la primera inversión portuaria verde e inteligente de COSCO Shipping en Sudamérica. En su primer año de operación comercial movilizó más de 500.000 TEU y 2,4 millones de toneladas de carga, con un valor total de comercio exterior que ya supera los 3.600 millones de dólares, y redujo el tránsito marítimo entre Perú y Shanghái a 23 días. COSCO controla el 60% del proyecto frente al 40% de la peruana Volcán, y la embajada china en Lima ya negocia participar en el parque industrial de Ancón y en la ampliación del propio Callao.

Chile responde con su propia apuesta, el proyecto Puerto Exterior de San Antonio, la mayor obra de infraestructura portuaria en la historia del país, con una inversión total de 4.450 millones de dólares y una capacidad proyectada de 6 millones de TEU anuales, el triple de lo que mueve hoy la instalación actual. Entre las empresas precalificadas para construir el rompeolas figura China Harbour Engineering Company, y esa sola presencia bastó para inquietar a Washington. La adjudicación, prevista para marzo de 2026, terminó postergándose hasta julio en medio de una crisis diplomática paralela. Un decreto de concesión para un cable submarino entre Chile y China fue aprobado y luego anulado, episodio que le costó a los funcionarios chilenos la revocación de visas por parte del embajador estadounidense.

Ahí aparece la verdadera colisión entre geofinanzas y regulación. El propio directorio de Puerto San Antonio tuvo que llevar la renovación de sus concesiones al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia antes de licitar, un instrumento pensado para arbitrar precios internos que hoy termina arbitrando decisiones con un peso político continental. La adenda de diciembre de 2025, que redujo en más de 420 millones de dólares el compromiso de inversión de COSCO en Chancay, confirma lo mismo desde el otro lado del Pacífico. El inversionista extranjero retiene margen incluso después de firmado el contrato.

Frente al avance de China —que invierte, construye y compra activos estratégicos—, Estados Unidos ha respondido con lo que podría llamarse un “candado”: busca cerrar el paso de su rival a los recursos críticos de la región, mientras retiene su propia llave maestra. Así, mientras Washington busca reforzar su dominio hemisférico y evitar que Pekín llegue a los recursos estratégicos de Sudamérica —mediante patentes, alianzas militares, presión diplomática y condicionalidad de la ayuda—, China busca hacerse del litio, el cobre y el agua que necesita para su desarrollo tecnológico mediante inversión selectiva, tecnología propia, acuerdos bilaterales y financiamiento.

Adicionalmente, el 7 de marzo de 2026, Donald Trump anunció oficialmente el “Escudo de las Américas”, una coalición militar que reunió en Doral, Florida, a doce presidentes latinoamericanos afines a la administración estadounidense. Bajo la retórica de combatir el narcotráfico y las actividades ilícitas, la iniciativa —que bien podría renombrarse como el “Candado de las Américas”— tiene un objetivo explícito: “limitar la interferencia geopolítica extranjera” en el hemisferio occidental.

La diplomacia y las sanciones no bastan. El Comando Sur (SOUTHCOM) ha desplegado una estrategia de preparación militar que incluye los ejercicios Southern Vanguard, que han rotado por Chile (2021, 2025), Brasil (2021, 2023), Colombia (2022) y Perú (2026). En agosto de 2025, Southern Vanguard 25 reunió en Los Ángeles y Antuco (Chile) a tropas de montaña de Argentina, Chile, Perú y Estados Unidos, entrenando en guerra en zonas de alta montaña. El mensaje es que Washington se prepara para operar en los ecosistemas más complejos de la región —curiosamente donde se encuentran los recursos estratégicos: el litio, el cobre y el agua.

Así, el pulso por el control de Sudamérica se libra en dos frentes simultáneos: China construye con concreto y acero, tejiendo una red de infraestructuras que reconfiguran el comercio y la influencia en la región; Estados Unidos responde con un candado que combina presión diplomática, sanciones y preparación militar, bajo la ficción de una cruzada contra el narcotráfico. Chancay y San Antonio son los primeros episodios de una serie que recién comienza.

¿Podrá la región aprender a tratar sus proyectos de infraestructura estratégica con la misma lógica de soberanía con la que debería tratar sus patentes, o seguirá siendo el tablero donde otras potencias juegan sus partidas?

S. Vanessa Chávez Vargas es investigadora afincada en Arequipa, Perú. Su formación en historia material y análisis de estructuras espaciales se ha extendido hacia la intersección entre historia económica, infraestructura y procesos de control en América Latina.

“La tecnología es neutral” es uno de los mitos más peligrosos del siglo XXI. Detrás de cada membrana de ósmosis inversa y de cada semilla modificada genéticamente hay un dueño. Ese dueño, en el tablero geopolítico actual, no es neutral. América del Sur concentra cerca del 45% de las reservas renovables de agua dulce del planeta, y sin embargo la tecnología que permite gestionarla permanece en manos de unas pocas potencias, en una desconexión que es el nuevo rostro de la dependencia.

Una asimetría por patentes ocurre cuando un país consume tecnología que no produce, mientras otro controla la propiedad intelectual que la hace posible. Sudamérica compra las llaves de su propio futuro, pero quien las fabrica decide cuándo entregarlas, actualizarlas o bloquearlas. El candado opera en tres niveles: el mantenimiento técnico permanente, la trampa de la transferencia tecnológica que en la práctica es solo una licencia de uso, y el control de los datos que genera la agricultura de precisión. Ese tercer nivel es el menos visible y probablemente el más duradero, porque el agricultor sudamericano no es dueño de la información que produce su propia tierra.

Sudamérica se ha convertido en el escenario de una competencia silenciosa pero feroz entre Estados Unidos y China. Ambas potencias despliegan sus herramientas con enfoques distintos, que convergen, sin embargo, en los puntos de asegurar aliados, recursos y el acceso privilegiado a una región clave para la competencia global.

Frente al avance de China —que invierte, construye y compra activos estratégicos—, Estados Unidos ha respondido con lo que podría llamarse un “candado”: busca cerrar el paso de su rival a los recursos críticos de la región, mientras retiene su propia llave maestra. Así, mientras Washington busca reforzar su dominio hemisférico y evitar que Pekín llegue a los recursos estratégicos de Sudamérica —mediante patentes, alianzas militares, presión diplomática y condicionalidad de la ayuda—, China busca hacerse del litio, el cobre y el agua que necesita para su desarrollo tecnológico mediante inversión selectiva, tecnología propia, acuerdos bilaterales y financiamiento.

Chile encarna esta paradoja con nitidez. Es el país de América Latina con mayor capacidad de desalinización instalada, con 24 plantas operativas y más de 10.000 litros por segundo de capacidad, y ha impulsado legislación específica para facilitar su construcción. Pero la tecnología que utilizan estas plantas, mayoritariamente ósmosis inversa, sigue siendo importada, con empresas españolas como Acciona y GS Inima a cargo de buena parte de la construcción. Sin control sobre las membranas ni el software de operación, una planta desalinizadora es una costosa escultura de cemento.

El caso de Brasil confirma la regla desde el lado contrario. El país es uno de los mayores productores de alimentos del mundo, segundo exportador global solo detrás de Estados Unidos, y aun así sigue rezagado en investigación agrícola propia. Ha llegado a considerar la quiebra de patentes como mecanismo de retaliación comercial contra Washington, amparado en el artículo 71 de su Ley de Propiedad Industrial. Que esa herramienta se perciba como una medida extrema revela cuán profunda es la dependencia.

El mercado de desalinización en la región crecerá de 1.700 a 3.400 millones de dólares en la próxima década, mientras la demanda de agua en América Latina aumentará un 43% hacia 2050. China, con 167 proyectos de desalinización propios en su costa, ya desarrolla tecnología que compite directamente con la occidental, y eso abre una ventana de negociación que hoy casi nadie en la región está usando. El horizonte de 2035 exige que Sudamérica establezca en cada contrato la transferencia tecnológica que hasta ahora solo se le ha prometido. ¿Seguirá la región comprando las llaves de su propio futuro, o empezará a fabricar las suyas?

S. Vanessa Chávez Vargas es investigadora afincada en Arequipa, Perú. Su formación en historia material y análisis de estructuras espaciales se ha extendido hacia la intersección entre historia económica, infraestructura y procesos de control en América Latina.

Frente a los crecientes impactos del cambio climático, la transición energética se ha consolidado como una de las principales estrategias para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. El Acuerdo de París del 2015 situó la descarbonización global hacia 2050 en el centro de la agenda, proyectando que los combustibles fósiles pasen del 63% del consumo en 2020 a un 12% en 2050. Sin embargo, este proceso es complejo y no se desarrolla de forma homogénea. Tomando al Perú como un caso de estudio sintomático para la región, esta transformación configura una mezcla de oportunidades por su potencial renovable y desafíos derivados de limitaciones estructurales y desigualdades territoriales. La realidad peruana sirve así como un espejo de las tensiones andinas y sudamericanas. Este proceso puede comprenderse mediante un análisis multiescalar, que permitirá examinar cómo las decisiones en el territorio local se entrelazan con dinámicas de poder globales.

A nivel global, la transición es impulsada por marcos de gobernanza climática que coordinan la acción colectiva. No obstante, este nivel se desarrolla en un contexto en el que la seguridad energética, entendida como “el adecuado acceso a los recursos energéticos suficientes que permitan garantizar la disponibilidad de la energía requerida por los Estados”, continúa siendo una prioridad central. En muchos casos, esta prioridad entra en tensión con la seguridad ambiental, lo que explica por qué numerosos Estados siguen privilegiando el uso de combustibles fósiles pese a sus efectos contaminantes; la urgencia por garantizar el suministro inmediato suele prevalecer sobre los costos ambientales de largo plazo.

Asimismo, este proceso se encuentra marcado por dinámicas de poder que reconfiguran las relaciones internacionales. La competencia entre Estados Unidos y China se expresa en estrategias orientadas a garantizar tanto la seguridad energética como el liderazgo en energías limpias. En particular, China ha impulsado una transformación vinculada a la reducción de su dependencia del petróleo extranjero, especialmente tras las dificultades para asegurar suministros en regiones inestables como Oriente Medio. Curiosamente, enfrenta una paradoja: es el mayor inversor verde y el mayor emisor de CO₂ a nivel mundial. Además, al fijar su neutralidad climática en 2060, diez años después que otros países, prioriza su crecimiento basado en carbono mientras consolida su dominio tecnológico global.

Como consecuencia de estas dinámicas, las materias primas críticas han adquirido una relevancia creciente. Las tecnologías de energía limpia, como turbinas eólicas, paneles solares y sistemas de almacenamiento, requieren una amplia gama de minerales y metales, en muchos casos en mayor proporción que las tecnologías basadas en combustibles fósiles. El dominio de China resulta especialmente significativo en la etapa de refinación, donde se procesan los minerales para su uso industrial. Actualmente, es el principal refinador mundial de cobre, litio, grafito, cobalto y tierras raras, consolidando una posición estratégica en las cadenas globales de suministro. Así, la transición energética global no responde únicamente a objetivos ambientales, sino que se encuentra atravesada por dinámicas de poder donde la seguridad energética, la competencia tecnológica y el control de recursos configuran un nuevo escenario geopolítico.

A nivel regional, América Latina y el Caribe poseen un vasto potencial minero para suministrar estos minerales críticos. No obstante, esta dotación posiciona a la región como un actor que corre el riesgo de reforzar patrones históricos de dependencia. Sudamérica continúa operando como una periferia dependiente; la ausencia de proyectos políticos comunes y la falta de liderazgo regional dificultan una agenda energética integrada. En este contexto, la energía no funciona como un eje de integración, sino como un recurso que refuerza la competencia entre Estados.

Por otro lado, en la escala nacional y analizando el caso peruano como eje de estudio, el Banco Mundial enfatiza que el país debe aprovechar la demanda de minerales, especialmente sus reservas de cobre. Se propone una “minería climáticamente inteligente” para atraer inversión y fortalecer ingresos fiscales. Esta riqueza es una oportunidad de desarrollo económico y social; no obstante, no puede ignorar los estándares sociales y ambientales. En la práctica, el Estado ha tendido a priorizar la estabilidad de las inversiones internacionales sobre la participación de las comunidades locales, lo que evidencia que la implementación de la transición plantea serios desafíos de gobernanza y equidad territorial.

La transición energética implica una profunda reconfiguración del orden global, donde el régimen del petróleo coexiste y se tensa con un nuevo régimen basado en minerales críticos y tierras raras. Para países remanentes de la periferia global, como el Perú y sus pares de la región, este proceso representa un desafío estructural urgente: superar su rol tradicional como proveedor de materias primas sin comprometer los estándares de sus propios territorios. La transición energética no puede desligarse del concepto de transición justa, entendida como un proceso transformador que promueve la sostenibilidad, la equidad y la inclusión. Hacia 2035, la meta definitiva no es solo descarbonizar la matriz, sino asegurar una inserción soberana, justa y competitiva en el nuevo orden internacional.

Mariana Carranza Rentería es estudiante de Relaciones Internacionales en la PUCP, con interés en desarrollo internacional, sostenibilidad corporativa y cooperación internacional.

La ventana para obtener ganancias de productividad existe, pero choca con una base débil en investigación, infraestructura y talento especializado, también en el plano institucional: la regulación avanza más rápido que las capacidades estatales de buena parte del Sur Global. Un informe del National Institute of Standards and Technology (NIST) publicado en 2023, ya definía un marco voluntario y transversal para gestionar riesgos de IA a lo largo de todo el ciclo de vida del sistema. En paralelo, la Unión Europea aprobó en 2024 el AI Act, que consolida un enfoque regulatorio por niveles de riesgo y, en la práctica, proyecta estándares con efectos extraterritoriales sobre proveedores, integradores y usuarios. A ello se suma un tercer componente clave, que es la carrera cuántica.

La OCDE reporta que, a noviembre de 2025, 18 países miembros de la organización más los países de la Unión Europea ya habían adoptado estrategias nacionales formales en el desarrollo de tecnologías cuánticas, y que desde 2013 los gobiernos del mundo han comprometido alrededor de US$55,7 mil millones en este campo. Una vez más América Latina llega tarde a otra competencia por tecnologías emergentes al mismo tiempo que exhibe brechas notorias en ciberseguridad. Un reporte elaborado en conjunto por el BID y OEA en 2025, evaluó a 30 países de América Latina y el Caribe y halló rezagos persistentes en calidad de software, protección de infraestructura crítica, mercado de ciberseguridad e inversión en investigación e innovación. Si bien nuestra región se digitaliza a un ritmo paralelo al del resto del mundo, está muy rezagada en la protección de sus propios sistemas digitales.

Otro problema es de carácter climático-energético y a mi juicio va a ser el más importante hacia 2035. El Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) y la síntesis de las ‘Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional’ de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) convergen en que las trayectorias compatibles con 1,5°C exigen que las emisiones globales alcancen su pico antes de 2025, caigan 43% para 2030 y 60% para 2035 respecto de 2019. Para que eso suceda habrá una presión climática que se traducirá directamente en una mayor demanda de minerales (especialmente minerales raros), infraestructura eléctrica y esfuerzos diplomáticos por una mayor compatibilidad regulatoria (precisamente en un año como 2026, en el que la diplomacia no suele ser la primera vía a través de la cual se resuelven los conflictos).

El Global Critical Minerals Outlook 2024 de la Agencia Internacional de Energía (IEA) estima que el valor agregado de mercado de cobre, litio, níquel, cobalto, grafito y tierras raras podría pasar de alrededor de US$325 mil millones hoy a US$770 mil millones en 2040 bajo un escenario ‘net-zero’ (trayectoria de emisiones en la que la cantidad total de gases de efecto invernadero emitidos por la actividad humana se equilibra con la cantidad que se elimina de la atmósfera, de modo que el balance final es cero). En ese contexto, América Latina capturaría alrededor de US$120 mil millones del valor de mercado de la producción minera hacia 2030, pero ese potencial convive con una restricción severa: incluso con los proyectos mineros hoy anunciados en la región, en 2035 solo se cubriría 70% de los requerimientos de cobre (siendo Perú y Chile los dos productores clave) y 50% de los de litio. En otros materiales la concentración seguirá siendo extrema porque más de 90% del grafito ‘grado batería’ y el 77% de las tierras raras refinadas en 2030 seguirían produciéndose en China.

Es claro que la ‘transición verde’ no sólo no eliminará la geopolítica, sino que la intensificará. Y al igual que en sus últimos dos siglos de existencia republicana, el poseer recursos naturales por sí solos no bastará para generar desarrollo y poder nacional en América Latina. Así, el escenario 2035 nos deja lecciones bastante concretas. América Latina no enfrenta un único desafío, sino una ecuación donde al menos hay tres variables. Primero, presión comercial desde la rivalidad entre potencias; segundo, dependencia tecnológica en IA y ciberseguridad; y tercero, una transición energética que amenaza con reproducir nuevas formas de primarización ya vistas a lo largo del siglo XX. La región todavía tiene un margen para insertarse mejor, pero la nueva política exterior de los Estados Unidos en el Hemisferio Occidental está estrechando ese margen de manera acelerada y como nunca ha ocurrido en nuestra historia (basta ver lo que ocurrió en Venezuela el pasado 03 de enero).

Concluimos señalando que la discusión ya no es si la geopolítica y la tecnología van a vincularse, porque eso ya viene ocurriendo hace mucho tiempo. La discusión real es si como latinoamericanos podremos llegar a 2035 como meros proveedores de insumos y usuarios tardíos de tecnologías ajenas, o por el contrario seremos capaces de traducir nuestros recursos, regulación e infraestructura en una posición internacional menos subalterna.

📍Anthony Medina Rivas Plata es politólogo, y cuenta con una destacada trayectoria en docencia universitaria, gestión académica e investigación sobre política latinoamericana y relaciones exteriores.

Si observamos la evidencia disponible, el horizonte hacia el año 2035 se va perfilando como la consolidación de tres procesos que son fundamentales: primero, una mayor competencia geoeconómica entre potencias, luego una aceleración tecnológica concentrada (en particular en China y Estados Unidos) y un mayor endurecimiento regulatorio en el control de flujos y distribución de energía, así como un mayor cuidado en el procesamiento de datos personales. En el caso particular de América Latina, un estudio de la CEPAL sobre 33 países de la región encontró que, en el mercado estadounidense, un aumento de 1% en las exportaciones chinas se asocia con una reducción de entre 0,25% y 1,26% en las exportaciones latinoamericanas y caribeñas. Según la especificación econométrica que se usó, el mismo estudio reporta además que los TLC con Estados Unidos pueden elevar las exportaciones regionales hasta en 1,5%.

Vemos entonces que la competencia entre grandes potencias ya se traduce en desplazamientos comerciales concretos. Un dato político relevante es que las percepciones de los latinoamericanos sobre Estados Unidos y China no covarían de manera robusta; ya que, en promedio, 30% de los encuestados considera a los Estados Unidos como un mejor modelo de desarrollo, mientras que sólo un 12% prefería a China; siendo Bolivia la única excepción inversa en donde se prefiere a China en esa comparación. La disputa por la influencia no se resuelve automáticamente en alineamientos ideológicos estables del tipo izquierda/pro-China vs. Derecha/pro-EE.UU., sino en un terreno regional bastante más pragmático y contradictorio.

El frente tecnológico muestra asimetrías nítidas. El AI Index Report 2025 de la Universidad de Stanford registra que en el año 2024 la inversión privada en inteligencia artificial (IA) en Estados Unidos alcanzó US$109,1 mil millones, siendo casi doce veces el nivel de lo invertido por China (US$9,3 mil millones) y veinticuatro veces el nivel del Reino Unido (US$4,5 mil millones).

La inversión global en IA generativa llegó a US$33,9 mil millones, 18,7% más que en 2023, y un 78% de las organizaciones reportó usar IA en 2024, frente a 55% el año anterior. La producción de modelos también sigue concentrada; ya que en 2024, instituciones estadounidenses lanzaron 40 modelos notables, China 15 y Europa 3. Sin embargo, la brecha de rendimiento entre los mejores modelos de Estados Unidos y China se redujo drásticamente en 2024. En términos simples, la ventaja norteamericana sigue siendo clara en capital, escala y ecosistema empresarial, pero China sigue siendo un competidor no desdeñable.

Para nuestra región de América Latina, el problema no es solo cuánto innova, sino en qué condiciones puede adoptar, regular y promover esas tecnologías. El informe ILIA (Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial) 2024, elaborado desde Chile con proyección regional, ubica a dicho país en el primer lugar del índice con 73,07 puntos; manteniendo a Chile, Brasil y Uruguay como los tres líderes regionales. A mi juicio el dato más importante no es el ranking en sí mismo, sino la estructura de la brecha; ya que la subdimensión de adopción promedia 60,44 puntos en la región, mientras que el ítem de investigación promedia 41,43, mientras el de ‘investigación y desarrollo’ (I+D) un 42,53.

Eso significa que la región adopta más de lo que produce. Esa asimetría se vuelve crítica cuando se la cruza con el mercado laboral. En un informe del pasado 2025, la OIT reporta que uno de cada cuatro trabajadores en el mundo se encuentra en ocupaciones con algún grado de exposición a IA generativa, mientras que 3,3% del empleo global cae en la categoría de exposición más alta. En países de altos ingresos, esa exposición llega a 34% del empleo total. Por ello, en el corto plazo no es que vayamos a ver una automatización masiva inmediata, pero sí una transformación acelerada de tareas y perfiles ocupacionales. Para nuestra región, eso significa que la ventana para obtener ganancias de productividad existe, pero choca con una base débil en investigación, infraestructura y talento especializado.

📍Anthony Medina Rivas Plata es politólogo, y cuenta con una destacada trayectoria en docencia universitaria, gestión académica e investigación sobre política latinoamericana y relaciones exteriores. Actualmente se desempeña como docente investigador en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y presidente del Instituto de Estudios Políticos Andinos.